Luego de varios días de debate e intensas sesiones parlamentarias, la Cámara de Representantes sancionó el proyecto de ley de urgente consideración que remitiera el Poder Ejecutivo. Si bien ahora el proyecto, en virtud del trámite previsto para este tipo de iniciativas, regresa al Senado, todo parece indicar que no habrá objeciones al mismo y que quedará aprobado.
En los últimos meses, el referido proyecto ha ocupado un espacio preponderante en la política nacional, dando origen a todo tipo de debates y discusiones. Esto se debe -en gran medida- a que el proyecto de LUC representa la columna vertebral de la agenda de gobierno por la que optó la ciudadanía democráticamente. No obstante ello, el Poder Ejecutivo se mostró abierto a las opiniones de todos los actores del sistema político, incluso cediendo en varios aspectos del articulado para lograr mayores consensos.
Cabe destacar que en mi rol del legislador, acompañando el trámite del proyecto desde su ingreso al Senado, y siguiendo por el tratamiento que se le dio en la Cámara de Representantes (la cual integro), pude constatar el arduo trabajo llevado adelante en ambas cámaras. En el trabajo de las comisiones especiales constituidas para el estudio del proyecto de LUC, recibimos innumerables delegaciones, tanto del gobierno como de la sociedad civil y la academia. Se recibieron los aportes de todos los interesados, y en función de ello y del trabajo de negociación de los legisladores, el articulado original sufrió diferentes modificaciones.
Desde el punto de vista sustancial se trata de un muy buen proyecto que reúne un conjunto de disposiciones que le darán al gobierno las herramientas jurídicas para atender los principales problemas que atraviesa nuestro país. Tanto en materia de seguridad pública, como de educación, economía, mercado de trabajo, eficiencia del Estado y demás.
Si bien en el transcurso del trámite el proyecto fue perfeccionado, tanto en los ajustes de redacción como en algunos aspectos de contenido, también corresponde señalar que a mi juicio, hubiera sido preferible que se mantuvieran algunas disposiciones tal como fueron planteadas por el Poder Ejecutivo. Me refiero, por ejemplo, al articulado original que establecía la derogación del monopolio de Ancap, lo cual implicaba una de las reformas estructurales más importantes para el aparato productivo, y en definitiva, para la población toda.
En síntesis, la experiencia en la consideración de este proyecto deja un saldo positivo, demostrando la capacidad de nuestro Parlamento, y sobre todo revalorizando la función legislativa como un espacio de intercambio, ya que durante muchos años la conformación de las mayorías automáticas no daba lugar a tan amplio debate. Con total franqueza espero que el clima generado en este caso sea extensivo a otros proyectos de ley, y que prevalezca la discusión profunda sobre los temas de fondo.
